Política de privacidad y Aviso Legal

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, con C.I.F., G-76349273, le informa
que, conforme dispone los artículos 5, 12 y 13 del Reglamento General Europeo de Protección
de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), ), y los artículos 5, 6, y 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), respecto al tratamiento y al deber de confidencialidad, que los datos personales que nos ha facilitado, serán tratados por la FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, como Responsable del tratamiento, a efectos de gestiones pertinentes fundación-
asociado/voluntariado, con la finalidad de cumplir los compromisos entre las partes. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga vigente la relación fundación asociado/voluntariado o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos personales no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Mediante la lectura y validación del presente documento, se consiente y autoriza expresamente a la FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, a que recoja y almacene los datos personales, con la finalidad anteriormente mencionada.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. (artículo 7.3 del RGPD).

En el supuesto de producirse alguna modificación/variación de sus datos personales, rogamos
nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de mantener sus datos personales
actualizados.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, garantiza el buen uso de la información,
y en especial a los datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, aplicarán medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su
caso incluya, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD) entre otros: a) la seudonimización y el
cifrado de datos personales; b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; c) la
capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en
caso de incidente físico o técnico; d) un proceso de verificación, evaluación y valoración
regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

El responsable del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento y tenga acceso a datos personales, solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, se compromete a no tratar los datos de
carácter personal para finalidades diferentes a las pactadas, así como a no cederlos ni a comunicarlos a terceros salvo obligación legal.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, se obliga a cumplir con el secreto
profesional y de confidencialidad respecto a los datos de carácter personal objeto del
tratamiento, debiendo guardar secreto profesional y confidencialidad durante la vigencia del servicio contratado, y con posterioridad a la expiración del mismo. Asimismo se obliga a
informar y hacer cumplir a sus empleados, las obligaciones legales establecidas por ley, y en
especial, el deber de secreto, confidencialidad y cumplimiento de las medidas de seguridad de
los ficheros informatizados/no informatizados con datos de carácter personal.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, está facultada para conservar los datos
de carácter personal, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del tratamiento/Cliente o cuando exista una obligación legal de conservación de dichos datos exigible al Encargado del tratamiento.

La FUNDACION CANARIA PEQUEÑO VALIENTE, garantiza, conforme a la normativa
vigente comunitaria y nacional en materia de protección de datos personales, la protección de
los datos de carácter personal y el ejercicio por sus titulares de los derechos, reconocidos en los artículos del 15 al 21 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), y de los artículos 13 al 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los derechos que le asisten son el de
presentar una reclamación ante una autoridad de control, el derecho de acceso, rectificación,
cancelación, limitación u oposición a su tratamiento (DERECHOS ARCO), a la transparencia
de la información, supresión (derecho al olvido), portabilidad de sus datos personales, previa
acreditación de su identidad, mediante solicitud/petición remitida por correo postal/correo
electrónico, a la dirección postal /correo electrónico de la fundación, con dirección en la
Avenida Bravo Murillo, número 29, código postal 35003, Las Palmas de Gran Canaria - Las
Palmas.

PREVENCION DE SEGURIDAD SANITARIA CORONAVIRUS.

Se le informa, que conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes:

Las medidas preventivas previstas, se encuadran en la acción decidida del Gobierno Español
para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública (garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud/medidas que se deben adoptar para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19).

Artículo 4. Deber de cautela y protección.

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos
riesgos, con arreglo a lo que se establece en este real decreto-ley. Dicho deber de cautela y
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en este real
decreto-ley.

Artículo 7. Centros de trabajo.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor
afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19
no deberán acudir a su centro de trabajo.

3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las
recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario.

Artículo 23. Obligación de información.

1. Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los
datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean
requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos necesarios para la identificación personal.

Artículo 26. Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o
privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.

Artículo 27. Protección de datos de carácter personal.

1. El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como consecuencia del
desarrollo y aplicación del presente real decreto-ley se hará de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y en lo establecido en los artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad. En particular, las obligaciones de información a los
interesados relativas a los datos obtenidos por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación
del presente real decreto-ley se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta las excepciones y obligaciones previstas en su apartado 5.

2. El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica del COVID-19
para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud pública, y para la protección de
intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas al amparo de lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Los
datos recabados serán utilizados exclusivamente con esta finalidad

Conforme a la normativa europea (RGPD EUROPEO) y española (LOPDGDD ESPAÑOLA)
en materia de protección de datos personales, la base jurídica para el tratamiento lícito de datos personales en casos excepcionales, como el control de epidemias y su propagación, la misión realizada en interés público (art. 6.1.e) o los intereses vitales del interesado u otras personas físicas (art. 6.1.d), sin perjuicio de que puedan existir otras bases como, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal (para el empleador en la prevención de riesgos laborales de su personal). Estas bases jurídicas permiten el tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados.

Destacar la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
(modificada mediante Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo) o la Ley 33/2011 General de
Salud Pública. La primera de dichas normas señala que “con el fin de controlar las
enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

En materia de riesgo de transmisión de enfermedades, epidemia, crisis sanitarias etc., la
normativa aplicable ha otorgado a las autoridades sanitarias de las distintas AAPP las
competencias para adoptar las medidas necesarias previstas por la ley cuando así lo exijan
razones sanitarias de urgencia o necesidad. Desde un punto de vista de tratamiento de datos
personales, la protección de los intereses vitales de las personas físicas corresponde en el ámbito de la salud a las distintas autoridades sanitarias de las diferentes administraciones públicas, quienes podrán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas en situaciones de emergencia sanitaria.

Así, serán las autoridades sanitarias de las distintas AAPP quienes deberán adoptar las
decisiones necesarias, y los distintos responsables de los tratamientos de datos personales
deberán seguir dichas instrucciones, incluso cuando ello suponga un tratamiento de datos
personales de salud.

Los tratamientos de datos personales, aún en estas situaciones de emergencia sanitaria, deben seguir siendo tratados de conformidad con la normativa de protección de datos personales (RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), ya que estas normas han previsto esta eventualidad, por lo que le son de aplicación sus principios, y entre ellos el de tratar los datos personales con licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad (en este caso, salvaguardar los intereses de las personas ante esta situación de pandemia), principio de exactitud, y el principio de minimización de datos.

Se le informa de la Resolución del Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020, del
Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma:

1. Obligaciones generales.

1.1. Obligaciones de cautela y protección.

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 incluyendo el cumplimiento de las
condiciones de aislamiento o cuarentena prescritas por un profesional sanitario, así como la
propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible
a los titulares de cualquier actividad.

Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.